
La carta de los senadores, escrita por Lindsey Graham (republicano), Ben Cardin (demócrata), Joni Ernst (republicana), Richard Blumenthal (demócrata), John Thune (republicano) y John Fetterman (demócrata), pide una investigación sobre el acusaciones de acoso contra Khan antes de tomar decisiones sobre las órdenes de arresto. Si bien esto se plantea como una preocupación por el debido proceso dentro de la CPI, puede verse fácilmente como un intento de proteger a los líderes israelíes del escrutinio legal internacional, otorgándoles efectivamente “mano libre” en sus operaciones en curso en Gaza. Organizaciones de derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia y observadores internacionales han expresado su preocupación por posibles crímenes de guerra y el grave costo humanitario del conflicto en Gaza. Lea más por el profesor Ashok Swain El ascenso de Priyanka Gandhi: catalizador para la participación política de las mujeres en la India La victoria de Trump podría remodelar los esfuerzos climáticos globales El aumento de la extrema derecha impulsa el cambio de la UE hacia políticas de refugiados de línea dura Con el objetivo de limitar la jurisdicción de la CPI Este blindaje político plantea dudas sobre la legitimidad de la CPI y independencia. Fundada para exigir responsabilidades por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, la CPI ha enfrentado repetidamente resistencia, particularmente de Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Si bien la CPI ha investigado casos que involucran a líderes africanos, sus investigaciones sobre Gaza y Afganistán han enfrentado una importante reacción de Estados Unidos e Israel. Estos gobiernos ven las investigaciones de la CPI como políticamente sesgadas y cuestionan su autoridad jurisdiccional, una postura reforzada por medidas legislativas estadounidenses, como la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense, que apunta a limitar la jurisdicción de la CPI sobre el personal estadounidense. La politización de la CPI no es nueva, pero el reciente momento en que se presentaron las acusaciones contra Karim Khan ha generado más preocupaciones. Poco después de que su oficina solicitara órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, surgieron acusaciones de mala conducta contra Khan, lo que puso en duda la legitimidad de la investigación. Khan niega estas acusaciones, calificándolas de parte de una campaña de difamación, pero la intervención de los senadores ha intensificado las sospechas de un esfuerzo coordinado para perturbar la investigación de la CPI sobre Gaza. Tales acciones pueden sentar un precedente peligroso, donde las naciones poderosas influyen en las acciones de la corte, erosionando así su imparcialidad percibida y debilitando su papel en la justicia internacional. Obtenga contenido exclusivo con el canal de WhatsApp de Gulf News Principio de responsabilidad internacional Además, los informes sobre las acciones encubiertas de Israel para influir en las decisiones de la CPI añaden otra capa a la investigación del tribunal en Gaza. Fuentes de investigación alegan que los esfuerzos de inteligencia, incluida la vigilancia y la posible intimidación de funcionarios de la CPI como la ex fiscal Fatou Bensouda, buscaron disuadir al tribunal de escudriñar las políticas israelíes. Estas tácticas reflejan hasta dónde llegarán algunos gobiernos para evitar la responsabilidad legal. Sin duda, tales acciones socavan los cimientos del derecho internacional y arrojan dudas sobre la eficacia de la CPI, especialmente cuando se enfrenta a la resistencia de Estados influyentes. La postura de Estados Unidos hacia la investigación de la CPI sobre Gaza también expone un sorprendente doble rasero. Si bien Washington ha apoyado firmemente las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania, se resiste a acciones similares de la CPI que involucren a Israel. Esta inconsistencia refuerza la percepción de que Occidente sólo respalda a la CPI cuando se alinea con sus intereses. Ese apoyo selectivo no sólo debilita la posición de la corte sino que también obstaculiza su capacidad de procurar justicia de manera imparcial a pesar de las divisiones políticas. La CPI tardó más de cinco meses en revisar las solicitudes de órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, un marcado contraste con los 24 días que tomó emitir una orden para el presidente Putin. La investigación de Gaza es una prueba crítica para la resistencia de la CPI contra la interferencia política. Lo que está en juego no es sólo la credibilidad del tribunal sino también el principio más amplio de responsabilidad internacional. La presión de los legisladores estadounidenses corre el riesgo de alentar a los líderes de todo el mundo a tratar el derecho internacional como una herramienta que debe utilizarse de forma selectiva, dando prioridad a las consideraciones políticas sobre la justicia. La carta de los senadores tensa aún más la ya tensa relación entre Estados Unidos y la CPI. Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación para sancionar a la CPI por su investigación sobre Gaza, y hay propuestas de sanciones similares pendientes en el Senado. Es poco probable que el nuevo Senado, de mayoría republicana, dude en aprobar estas medidas. Tales acciones también pueden disuadir a otros estados de cooperar con la CPI, particularmente en casos que implican a naciones poderosas y sus aliados. El resultado de este enfrentamiento no sólo afectará la credibilidad de la CPI sino que también influirá en el futuro del derecho internacional en una era en la que la superpotencia mundial cuestiona cada vez más las normas de rendición de cuentas y el Estado de derecho. Ashok Swain @ashoswai Ashok Swain es profesor de investigación sobre paz y conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia.