Según fuentes bien informadas, la CSC había previsto posibles desafíos y había tomado medidas preventivas para garantizar que los organismos gubernamentales no rechazaran a las personas nominadas. Se envió una circular a todos los ministerios y organismos gubernamentales, en la que se enfatizaba que la aprobación de la CSC es obligatoria para cualquier nominación de un puesto de trabajo. La CSC aclaró que sus decisiones se basaban en las necesidades y especializaciones específicas solicitadas por los organismos gubernamentales, que se revisaban después de que los organismos proporcionaran información sobre sus grados financieros asignados. Las nominaciones se hicieron después de que los organismos actualizaran sus necesidades en los sistemas integrados de la CSC. Además, la CSC emitió otra circular en la que se detallaban los procedimientos para presentar los requisitos de los puestos de trabajo, incluida la forma en que los títulos de puestos aprobados debían distribuirse según los grupos clasificados y el número de vacantes disponibles en los diferentes grados financieros. La circular reforzaba la obligación de los ministerios y organismos gubernamentales de aceptar los nombramientos de las personas nominadas por la CSC.
